El desamparo, el dolor, la impotencia, la desesperación despiertan distintas reacciones en las personas. Algunas se resignan a la “fatalidad” que suelen padecer en soledad. Otras se agrupan, buscan ayuda y tratan de enfrentar la adversidad. Y también están aquellas que movidas por la solidaridad les dan la mano a los que sufren para que puedan sacar las aflicciones y culpas y caminar juntos hacia una posible salida. La droga se ha convertido en un calvario no sólo para los consumidores, que muchas veces no están totalmente conscientes de ello, sino también para sus familias, que no saben cómo encarar esta problemática y necesitan también una contención que no hallan en el Estado.

Han surgido grupos de recuperación de adictos -algunos con orientación religiosa- como Esperanza Viva que funciona en la iglesia Nuestra Señora del Valle, frente a la plaza principal de Marcos Paz. Su coordinadora afirma que las sustancias ilegales están haciendo estragos, principalmente en las zonas pobres; en la localidad de San José, los suicidios adolescentes son frecuentes. “Los chicos no pueden controlar su dolor y acaban matándose”, explica. Este flagelo se extiende también en las cercanías del Camino de Sirga, de La Hoya, de la Plaza Vieja, de las vías Norte y Sur y de los barrios Colonia Castillo y Alejandro Heredia. Apunta que el Estado no ha dimensionado el problema, por lo tanto, no brinda respuestas, y que su grupo es el único en Yerba Buena que lo hace.

El vicario de la parroquia sostiene que el consumo ha crecido en el municipio y señala que allí, la venta está liberada. “Y el panorama empeora -dice- porque ni la Justicia ni la Policía intervienen para combatir a los narcos”. En su opinión, las cuatro aristas salientes de esta compleja problemática social son: el delito que no se combate; la vulnerabilidad de los adolescentes ante la falta de oportunidades; las crisis en las familias y la fragmentación social.

En la Secretaría de Política Social del municipio, funciona una oficina para combatir las adicciones, que recibe los casos y se los deriva donde corresponda. Una de las ideas es que funcione un centro de día.

En diversas ocasiones se ha hablado de la necesidad de elaborar un mapa de la droga para saber cuáles son las zonas rojas en el consumo y la comercialización. No hace falta recurrir al FBI para ello; estos mismos grupos están señalando dónde se hallan los sectores más sensibles a este flagelo, sin embargo, no se nota que el Estado envíe asistentes sociales y expertos en adicciones para efectuar un relevamiento y actuar en consecuencia. La carencia de centros para tratar a los adictos es alarmante.

La ley N° 8267 referida la Política Pública Integral para la Prevención y Asistencia a las Adicciones, promulgada en 2010, sigue sin reglamentarse. La norma establece el diseño de una política integral y sistémica orientada a la prevención y asistencia de los afectados por el consumo de sustancias químicas psicoactivas adictivas y demás conductas adictivas, considerándose la investigación, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la reinserción social, el desarrollo de programas, la educación, la capacitación y la acción comunitaria.

La labor de los grupos solidarios es muy importante para contener a las víctimas de este cruel flagelo, pero no significa que el Estado siga mirando para otro lado, teniendo además las herramientas para combatirlo.